El crimen de los alcaldes de Sitrama

Los primeros cuarenta años del siglo XX fueron muy convulsos en España, que sufrió una espiral de tensiones y violencia hasta desembocar en la Guerra Civil. En la provincia de Zamora la criminalidad adquirió rasgos de epidemia. Se echaba la culpa a la ignorancia y brutalidad de sus habitantes, acostumbrados a resolver las disputas a tiros y puñaladas. Las navajas, escopetas e incluso revólveres estaban al alcance de cualquiera, y no les ponía freno ni la pena de muerte ni la cadena perpetua.

La capital, en especial los arrabales, era la más afectada. Pero también multitud de pueblos sufrieron una ola inaudita de asesinatos, producidos por todo tipo de causas:

• • robos en Jambrina, Fadón, Cuelgamures, San Pedro de Ceque, Morales del Vino, Alcubilla de Nogales, Villalube, Tábara, Vezdemarbán y Ricobayo;
  • revueltas sociales en San Cristóbal de Entreviñas y San Martín del Terroso;
  • odios familiares en Villabrázaro y Corrales del Vino;
  • odios vecinales en Fermoselle, San Román de los Infantes, Cabañas de Sayago y Roales del Pan;
  • odios políticos en Villaveza del Agua y Venialbo;
  • parricidios en Friera de Valverde, Burganes y Villadepera;
  • venganza en Cubillos;
  • violación en Castrogonzalo, etc

Sitrama de Tera tampoco escapó al goteo de crímenes. El más famoso fue el que tuvo lugar en 1907, cuando el maestro de escuela mató al juez e intentó acabar también con el párroco. Pero veintiún años después, en 1928, tuvo lugar otro. Por un motivo trivial y estúpido, que escondía odios personales y quizá ideológicos, el alcalde y el ex-alcalde de Sitrama se liaron en una trifulca, en la que acabó muerto un tercer concejal que era también antiguo alcalde.

El crimen tuvo una gran repercusión en su momento y numerosos periódicos de toda España publicaron unos titulares contradictorios, que reflejaban la confusión del suceso: Lucha entre concejales, Un alcalde herido de un navajazo, Un concejal apuñala al alcalde, El alcalde que mató a un concejal… Y como en aquella época no se concebía el anonimato ni la protección de datos personales, en Internet se puede encontrar los nombres y apellidos de los involucrados, razón por la cual los pongo aquí.

Desde 1923 España estaba bajo la Dictadura del general Primo de Rivera. Su objetivo era acabar con la terrible crisis social, política y económica por la que atravesaba el país desde hacía décadas, y regenerarlo bajo el mando del Ejército. Ciertamente puso fin a la violencia en las calles y modernizó el país. Pero la falta de libertades provocó un creciente descontento hasta culminar en la proclamación de la Segunda República.

Una de sus prioridades fue «descuajar el caciquismo«, arraigado sobre todo en los ayuntamientos rurales. Los hombres más ricos e influyentes controlaban la vida local a través de una amplia red de amigos, a los que sobornaban mediante favores y dinero. Era habitual la manipulación del voto, por ejemplo cambiando las papeletas o forzando nuevas elecciones, hasta asegurarse de que salían elegidas las personas de su confianza.

La Dictadura intentó liquidar ese sistema dando más poder y autonomía a los ayuntamientos. Pero fracasó porque, debido al miedo a perder el poder, nunca convocó elecciones municipales. En su lugar, los concejales eran nombrados y cesados por el gobernador civil de la provincia, y luego entre ellos nombraban al alcalde que les indicaba dicho gobernador. Este último se convirtió así en el nuevo cacique: tejía su propia red de influencias y marcaba las directrices de sus peones en los ayuntamientos.

Los alcaldes y concejales se convirtieron en meros instrumentos de los intereses del gobernador civil. La mayoría sabía a quién debía obedecer para permanecer en un cargo que le daba prestigio en la localidad. Pero hubo algunos que ofrecían resistencia ante las órdenes y advertencias. A veces un alcalde era invitado a dimitir para dejar paso a otro concejal con más influencia. O se le sugería que tomara una decisión que perjudicaba sus intereses personales o los del pueblo. O simplemente, su conciencia despertaba y no aceptaba verse reducido al papel de simple oveja sumisa, al servicio de alguien que nadie había elegido.

En ese caso, «la superioridad» mandaba, y los concejales ejecutaban, que el alcalde fuese destituido por rebeldía y pérdida de confianza. Y eso fue lo que sucedió en Sitrama, con trágicas consecuencias.

Desde 1927 el alcalde de Sitrama era Isaac Gallego García. El 14 de agosto de ese año había presidido la Asamblea en la que 9 pueblos ribereños solicitaron al ministro la declaración del río Tera como afluente principal del Duero. Durante los primeros meses de 1928, se requirió repetidas veces al ayuntamiento que enviase varios documentos oficiales: número de agricultores, certificaciones de pagos y presupuesto de gastos. Ante los continuos incumplimientos, el gobernador civil de Zamora impuso varias multas a Sitrama.

No se sabe si eso tuvo algo que ver. Lo único cierto es que el 18 de mayo de 1928 se celebró una sesión en el ayuntamiento de Sitrama de Tera. Los concejales acordaron la destitución del alcalde Isaac Gallego García, y nombraron para dicho cargo a Antonio Fernández García.

Ignoramos por qué fue destituido Isaac Gallego. No es probable que fuese por motivos ideológicos contra el régimen. Si Isaac había perdido la confianza del gobernador civil, eso significa que antes gozado de ella. Fue nombrado alcalde porque apoyaba la Dictadura, aunque quizá empezase a mostrar grietas en su lealtad. Tal vez creyese que era el momento de celebrar elecciones y que se escuchase al pueblo. Tal vez los concejales se hartaron de las continuas multas por no cumplir los requerimientos, aunque muchos otros ayuntamientos también eran sancionados y sus alcaldes siguieron en el cargo. O tal vez sólo hubo motivos egoístas: rencillas y rencores entre concejales que se disputaban el favor del gobernador para lograr el puesto de alcalde.

Sea como fuera, Isaac Gallego no aceptó de buena gana su destitución. El cese forzoso de los alcaldes era habitual en los primeros años de la Dictadura, pero más raro a estas alturas, cuando todos estaban acostumbrados a la situación y sabían qué límites no era prudente traspasar. Ser expulsado de esta forma ante todos sus vecinos era motivo de escarnio y desprestigio. Así que Isaac debió de sentirse humillado y muy enfadado, y no pensaba quedarse plácidamente en un rincón.

El 14 de mayo de 1928, hacía las 3 de la tarde, el cartero entró en el ayuntamiento de Sitrama, donde estaban reunidos los concejales. Una vez allí, entregó la correspondencia oficial dirigida “al alcalde”. ¿Y quién era ese día el alcalde de Sitrama? Isaac Gallego no tuvo ninguna duda: el alcalde seguía siendo él, puesto que aún no se había recibido de «la superioridad» la notificación oficial de su cese y el nombramiento de su sustituto. Por supuesto, era una simple formalidad: a nadie se le ocurriría discutir una decisión del gobernador civil, aunque no estuviese plasmada y rubricada en un papel timbrado. Pero eso no amilanó a Isaac Gallego. Afirmó que aún seguía siendo el alcalde y se apropió de la correspondencia.

Antonio Fernández García, el nuevo alcalde elegido por los concejales, exigió que le diera la correspondencia. Isaac se negó en redondo a entregar las cartas a un simple concejal, ya que no había sido nombrado como Dios manda. La discusión se fue acalorando y dio paso a los gritos, empujones y forcejeos por los papeles. El escándalo llegó al piso superior del edificio, donde se hallaba la escuela, y el maestro bajó para intentar calmar los ánimos. Cuando los contendientes ya llegaban a las manos, los pudo sujetar y separar otro concejal, José Barrio Lobato, que también había sido alcalde pocos años antes.

Restablecida la paz, todos los concejales salieron a la calle. Unos testigos dijeron que no medió palabra; otros, que fueron azuzados por los vecinos y familiares. El caso es que la bronca se reanudó, pero esta vez entre Isaac Gallego y José Barrio. Debía de haber rencillas pendientes entre ambos que ahora acabaron por explotar violentamente. Se produjo una reyerta en la que se atacaron con diversas armas. José Barrio le dio una pedrada en la cabeza. Entonces Isaac Gallego le asestó con su navaja una puñalada en el hipocondrio derecho, justo debajo de las costillas.

José Barrio Lobato falleció una semana después de peritonitis, producida por la gravísima herida en los intestinos.

Isaac Gallego García, de 41 años de edad, fue detenido y encarcelado a la espera de juicio. Éste se celebró en la Audiencia Provincial de Zamora en febrero de 1929. El fiscal sostuvo que el acusado había matado con alevosía y sin motivo a un hombre que sólo pretendía apaciguarlo. Por lo tanto, pedía la pena de 15 años de prisión por homicidio, más una indemnización de 10.000 pesetas para los herederos de la víctima.

Isaac proclamó que había actuado para preservar su derecho como alcalde y el prestigio de tal autoridad. Y si había herido a alguien fue en defensa propia, al verse acorralado y agredido por José Barrio y sus familiares. Los informes de los peritos apoyaron su versión, al establecer que el apuñalamiento no se produjo a sangre fría, sino como resultado de una lucha entre ambos hombres. El propio suegro de la víctima declaró que éste, en su lecho de muerte, se había confesado único culpable de lo ocurrido, y que pidió además que no le guardaran rencor al acusado.

Por todo ello, el tribunal le rebajó la pena. Isaac Gallego García fue condenado a 9 años de prisión y 5.000 pesetas de indemnización. Pero no pasó mucho tiempo en la cárcel. Dos años después, el 14 de abril de 1931, se proclamó la Segunda República. Su primera medida fue decretar una amnistía general para todos los presos. El argumento era que, al haber sido condenados durante la Dictadura, había existido algún tipo de motivación política, fuera cierto o no.

Y en cuanto al puesto de alcalde, por cuyo motivo había corrido la sangre, el gobernador civil tomó una solución salomónica: para ninguno de los implicados. Antonio Fernández García, el alcalde in pectore, nunca llegó a tomar posesión del cargo. En su lugar, poco después del crimen, a mediados de 1928, fue nombrado alcalde Roque Losada Miguélez. Permaneció en el puesto hasta abril de 1931, cuando fue proclamada la Segunda República.